Responsabilidad penal de las personas jurídicas como consecuencia de la modificación del Código Penal tras la publicación de la Ley Orgánica 1/2019.

Nota jurídica acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como consecuencia de la modificación del Código Penal tras la publicación de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

 Recientemente el Código Penal español ha visto modificado una vez más el contenido de su regulación, esta vez como consecuencia de la Ley Orgánica 1/2019, publicada en el pasado Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero, y con entrada en vigor el pasado 13 de marzo de 2.019.

Muy lejos ya del viejo aforismo romano que operaba en nuestro ordenamiento jurídico, societas delinquere non potest, según el cual una persona jurídica no podía acometer delitos [abolido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Entre otros extremos la Ley Orgánica que ocupa a esta nota tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal, así como el perfeccionamiento de la transposición de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación.

En definitiva la Ley Orgánica 1/2019, con modificación del Código Penal español, busca la integración en nuestro ordenamiento jurídico de ciertas Directivas de carácter europeo, en el ámbito financiero – como decimos únicamente en aquello que ocupa a esta nota.

Así las cosas la Ley Orgánica 1/2019 amplia el listado de delitos por los que pueden ser responsables las personas jurídicas, a través de la modificación del articulado de nuestro Código Penal o la introducción de nuevos elementos de regulación penal, tal y como se verá a continuación.

  • 1ª. Reforma del artículo 284 y 285 del Código Penal

Los artículos 284 y 285 de nuestro Código Penal sancionan conductas de utilización de información privilegiada y manipulación de mercados.

Los artículos 284 y 285 del Código Penal ya sancionaban, con anterioridad a la aprobación de la Directiva 2014/57/UE, conductas concretas de actuación delictiva por utilización de información privilegiada y manipulación de mercados.

Ѳ El artículo 284 CP en penalización de aquellas conductas mediante las cuales alguien pretenda manipular los precios impidiendo que los mismos sean aquellos que corresponderían en una libre competencia, introduce con la redacción de la nueva Ley 1/2019:

  • Nuevos medios comisivos, refiriéndose ahora también a la utilización de internet.
  • Nuevos objetos de protección: introduciendo en esta ocasión los denominados «contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos»
  • Nuevas penas: incrementándose las penas.

Ѳ El artículo 285 CP, en regularización de aquellas actuaciones tendentes al uso de la denominada información privilegiada [insider traiding], introduce con la redacción dada por la nueva Ley 1/2019:

  • nuevas formas de comisión del hecho delictivo.
  • aquellos supuestos en que legalmente se entiende que una persona tiene acceso reservado a la información
  • una agravación específica para el caso de que el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidades rectoras de mercados regulados o centros de negociación
  • tres nuevos preceptos relacionados necesariamente con el articulo 285 CP, en este caso:

i.iv) Artículo 285 bis CP: para tipificar la comunicación ilícita de información privilegiada cuando ponga en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores.

ii.iv) Artículo 285 ter CP: con remisión en cuanto a su concepto, a la materia europea y española relativa al mercado e instrumentos financieros, los términos instrumentos financieros, contratos, conductas, operaciones y órdenes.

iii.iv) Artículo 285 quater CP: con establecimiento de sanción penal para la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 284 a 285 bis CP.

  • 2ª. Reforma del artículo 286 bis, apartado 1º, del Código Penal

Por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se modificaría la rúbrica de la Sección 4.ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal, que pasó a denominarse «Delitos de corrupción en los negocios» y que desde ese momento comprendería los artículos 286 bis a 286 quater CP.

Como consecuencia de la Ley Orgánica que es causa de la presente nota, encontramos una nueva particularidad en el denominado comúnmente «cohecho privado o entre particulares », introduciéndose en el artículo 286 bis, apartado 1º CP, el concepto de beneficio o ventaja por ofrecimiento o promesa de obtenerlo en negocios privados, elemento que hasta la fecha no constaba en el tenor literal de tal precepto.

  • 3ª. Reforma de los artículos 305 y 308 del Código Penal

Dentro de los denominados delitos contra la Hacienda Pública, la Ley Orgánica 1/2019 modifica el texto de los articulos 305 y 308 de nuestro Código Penal.

Ѳ El artículo 305 CP se ve modificado en su apartado tercero, modificándose el límite de la cuota defraudada a la Hacienda Pública europea. Incrementándose la cuota defraudada para entender que nos encontramos ante un delito, pasando de los antiguos 50.000.-€ a los actuales 100.000.-€.

Ѳ El artículo 308 CP, en sede de subvenciones o ayuda obtenidas  de las Administraciones Públicas,

  • de un lado, introduce por primera vez el delito relativo a aquellas subvenciones que se hubieran obtenido por vía de la Unión Europea.
  • de otro lado, aminora la cuota de la subvención o ayuda obtenida indebidamente, pasando de los anteriores 120.000.-€ a los actuales 100.000.-€
  • 4ª. Reforma de los artículos 423, 427 y 435.5º del Código Penal

Como consecuencia de la modificación que aquí se analiza, encontramos una evidente ampliación del concepto de funcionario público [articulo 427 d CP], para entenderse englobada en tal previsión legal cualquier persona que, por una vía u otra administres y/o gestione intereses de la Unión Europea.

Tal y como establece el propio tenor del preámbulo de la Ley Orgánica 1/2019, resultaba necesaria una precisión concreta respecto de la responsabilidad de tales funcionarios extranjeros que pudieran cometer los delitos del Capítulo VI del Título XIX de la parte especial del Código Penal; precisión que ahora se introduce en el artículo 431

Así las cosas, por vía de modificación de los articulos 431 y 435 bis CP, se comprueba que por primera vez los delitos de malversación y tráfico de influencias puedan ser cometidos por funcionarios internacionales o de la Unión Europea. Lo que hasta la fecha de la Ley Orgánica 1/2019, en nuestro Código Penal, se reservaba únicamente para los delitos de cohecho.

De esta manera, el nuevo texto del Código Penal contempla la posibilidad de que las personas jurídicas sean responsables penales de delitos tales como el de malversación de caudales públicos (ex. artículo 435.5º CP).

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La presente nota ha sido emitida por Alejandro Rey Suañez, Colegiado ICAM 82.423, en Madrid a 22 de abril de 2.019, con carácter meramente informativo, sin carácter vinculante de ningún tipo y sin que la misma pueda entenderse como asesoramiento legal en modo alguno, ni asesoramiento de ningún otro tipo.

 

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