Sobre la importancia práctica de la previsión contenida en el art.109.3 LSC y su plasmación en Estatutos Sociales, al hilo de la Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado

Se pretende analizar las consecuencias de una correcta previsión estatutaria respecto a la posibilidad que ofrece la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en sede de su artículo 109, más concretamente en el desarrollo del régimen de la transmisión forzosa de participaciones sociales.

Y ello al hilo de una interesante resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), de fecha reciente, donde se abordaría la siguiente problemática;

  • Negativa del Registrador Mercantil a inscribir ciertas previsiones estatutarias realizadas con carácter de unanimidad por tres socios de una sociedad limitada.
  • Previsiones estatutarias que pasarían por la exclusión del socio que se viera ante la obligación de transmitir sus participaciones sociales en caso de que fuera parte de cualquier procedimiento administrativo o judicial que acordara el embargo de sus participaciones sociales, de manera íntegra o parcial. Con las consecuencias que ello tendría tras la realización de dichas participaciones y que pasaría por la entrada en el capital social de terceros ajenos a aquellos que hasta la fecha ostentaban la condición de socio.

El texto estatutario cuya inscripción se pretendía pasa por el siguiente tenor:

Serán causas de exclusión de la Sociedad las previstas por la Ley. Así mismo, será cusa de exclusión de la Sociedad el inicio de un procedimiento administrativo o judicial que acuerde el embargo de las participaciones de cualquier socio, ya sea de forma total o parcial. No obstante, dicha exclusión deberá ser acordada por la Junta General. Iniciado el proceso de exclusión de la Sociedad, ésta procederá a amortizar las participaciones sociales del socio afectado por la exclusión, cuya valoración a efectos de su contraprestación corresponderá con el valor razonable de las participaciones afectadas, entendiéndose por valor razonable el valor contable que resulte del último balance aprobado por la Junta.»

  • Así el Registrador lo vería como una contravención de lo establecido en el artículo 109 LSC, al conceder un derecho de adquisición preferente a los socios y a la sociedad de las participaciones sociales ejecutadas cuando el remate aún no es firme (sic).

Sin embargo la DGRN resuelve de manera contraría a aquella negativa a inscribir por parte del Registrador, ofreciendo una justificación que en mi opinión tiene su importancia y transcendencia:

  • Que el hecho de encontrarnos en sede de sociedad responsabilidad limitada, de naturaleza esencialmente cerrada, y carácter especialmente familiar, debe de ser tenido en cuenta.
  • El texto cuya inscripción se pretendió fue aprobado por todos los socios, en este caso padre, madre e hijo, a su vez administrador único.
  • Que el carácter marcadamente familiar justifica la previsión que se realiza en previsión de intentar evitar la entrada en el capital social de terceros ajenos al denominada núcleo familiar, salvo consentimiento expreso de aquellos que son socios y familiares.

Así las cosas, por la DGRN se ha entendido como perfectamente ajustado a Derecho establecer un sistema estatutario que prevea

  • la notificación a la sociedad del inicio de un procedimiento administrativo o judicial de embargo de las participaciones de un socio.
  • como consecuencia de dicha notificación, el nacimiento de un derecho por parte del resto de socios a adquirir dichas participaciones.
  • la obligación del socio afectado a transmitirlas en los términos establecidos en los estatutos, caso de que alguno de los socios ejercite dicho derecho.

Ello en apariencia, y según la fundamentación del Registrador, contravendría la literal del articulo 109.3 LSC, el cual propone la siguiente redacción:

El remate o la adjudicación al acreedor serán firmes transcurrido un mes a contar de la recepción por la sociedad del testimonio a que se refiere el apartado anterior. En tanto no adquieran firmeza, los socios y, en su defecto, y sólo para el caso de que los estatutos establezcan en su favor el derecho de adquisición preferente, la sociedad, podrán subrogarse en lugar del rematante o, en su caso, del acreedor, mediante la aceptación expresa de todas las condiciones de la subasta y la consignación íntegra del importe del remate o, en su caso, de la adjudicación al acreedor y de todos los gastos causados. Si la subrogación fuera ejercitada por varios socios, las participaciones se distribuirán entre todos a prorrata de sus respectivas partes sociales.

La DGRN entiende que con el sistema estatutario previsto no sólo se protege los intereses societarios (a la par que familiares), sino que se ofrece una mayor seguridad y celeridad al acreedor que pretende ver satisfechas las pretensiones de cobro que pudiera ostentar frente al socio deudor, al evitarle concurrir ante procedimiento judiciales tediosos e inciertos.

Para alcanzar tal fundamentación, la DGRN acude, entre otros, al contenido del;

  • articulo 188.3 del Reglamento del Registro Mercantil (Serán inscribibles en el Registro Mercantil las cláusulas estatutarias que impongan al socio la obligación de transmitir sus participaciones a los demás socios o a terceras personas determinadas cuando concurran circunstancias expresadas de forma clara y precisa en los estatutos.).
  • a su Resolución de 30 de julio de 2.018.
  • y al artículo 623.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Si se embargaren participaciones en sociedades civiles, colectivas, comanditarias, en sociedades de responsabilidad limitada o acciones que no cotizan en mercados secundarios oficiales, se notificará el embargo a los administradores de la sociedad, que deberán poner en conocimiento del tribunal la existencia de pactos de limitación a la libre transmisión de acciones o cualquier otra cláusula estatutaria o contractual que afecte a las acciones embargadas.)

Las conclusiones que alcanzo tras el estudio de esta interesante resolución pasan por la importancia de una correcta redacción de la previsión estatutaria que se haga respecto a posibles ejecuciones forzosas de las participaciones que compongan el capital social, permitiéndose redacciones ciertamente amplias y generosas que protejan los intereses de los socios al permitir la entrada en el capital social de la mercantil. Entendiendo la DGRN que una redacción mucho más generosa de aquella que en principio impusiera el tenor literalidad del articulo 109.3 LSC, es del todo posible.

Y es que si hasta la fecha gran parte de las sociedades preveían en sus estatutos una remisión integra al contenido del artículo 109 LSC, en sede de ejecución forzosa de títulos societarios, esta resolución permitirá tener mayores miras de protección de los intereses personales de los socios que pretendan impedir la entrada en el capital social de terceros ajenos al mismo sin su consentimiento previo.

Esperando que pueda ser de su interés.

En Madrid a 18 de junio de 2.019

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros

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